LOS ACTOS POLITICOS O DE GOBIERNO EN COLOMBIA. CONCEPTUALIZACION, CATEGORIZACION Y CONTROL JUDICIAL
Reseña del libro "LOS ACTOS POLITICOS O DE GOBIERNO EN COLOMBIA. CONCEPTUALIZACION, CATEGORIZACION Y CONTROL JUDICIAL"
Un tema ya clásico del derecho consiste en la necesidad y la forma en que el poder puede ser limitado, en que se le puede controlar y, además, al que se le pueda hacer resistencia, oposición, confrontación. Desde la antigüedad, en la Grecia Clásica con Sófocles y su obra Antígona, o Esquilo y su mito de Prometeo encadenado, la humanidad ha debatido acerca del límite de la obediencia a la ley, al gobernante, al poder, y de cuándo, bajo ciertas circunstancias, la desobediencia o resistencia es justificada o se encuentra “amparada por los dioses”1 . Es así como las sociedades, y el derecho como constructo de estas, han ido de manera paulatina estableciendo y estructurando controles al ejercicio que del poder hacen gobernantes: como bien lo afirma Ferrajoli (2010, p. 208), «[t]oda la historia del derecho puede ser entendida como la progresiva minimización del poder por medio de la regulación jurídica». Teniendo en cuenta la realidad anotada, así como la necesidad que a ella subyace, la cuestión fundamental radica en la forma en que se debe diseñar ese control: en cabeza de quién podría estar, la forma de llevarlo a cabo y, sobre todo, las materias o temas que deberían estar sometidos a él, y por principio de exclusión, qué asuntos entonces no podrían estar bajo dicho control o límite. En términos más concluyentes: el debate que toda sociedad debe plantearse es qué zonas de la actividad pública, de los gobernantes, del Estado, se considera ameritan que escapen a todo control, que queden revestidas de total inmunidad; cuestionarse y concluir qué tan conveniente es otorgar al poder público –a los gobernantes, en últimas– esa inmunidad y, en la misma línea, cuál se considera entonces debería ser el límite de dicha potestad o inmunidad. Esa es la cuestión cardinal en una sociedad que se precie de ser postmoderna, democrática, social, constitucional y de derecho. Y dicha problemática adquiere aún mayor relevancia en sociedades cuyos gobiernos están organizados en forma de sistemas presidencialistas –como el caso colombiano–, pues estos se caracterizan por una fuerte presencia, actividad e importancia del ejecutivo, en detrimento o desequilibrio frente de las demás ramas –o funciones, para ser más precisos– del poder público. En sistemas de gobierno como el colombiano, la cuestión de controlar el poder del gobernante –del ejecutivo, de la administración– cobra notable relevancia y se constituye en una necesidad apremiante para no sólo evitar los posibles excesos en el ejercicio de ese poder público, operando como una interdicción a la arbitrariedad, sino para la protección y defensa de los derechos y las garantías de los asociados y el aseguramiento de losfundamentos y fines del Estado. Pues bien, a tal efecto, y con el propósito de contribuir a la construcción de conocimiento a través del debate y la deliberación, bajo las reglas de la argumentación, es que se presenta este trabajo, el cual nació de una inquietud académica interesante y que bien vale la pena traer a colación: hablando de controles al poder público y a la actividad de los gobernantes, como materialización de los principios y fines de nuestro estado colombiano y su Constitución Política2 , ¿cómo entender entonces que nuestro ordenamiento jurídico aún prohíje la tesis del control judicial restringido de los actos políticos o de gobierno?, esto es, que sólo admite un mero control formal sobre los elementos reglados de esta clase de actos excluyendo de tajo la posibilidad de revisar su componente discrecional, el elemento de ejercicio de la facultad decisional de contenido político que, legítimamente, la ley le confiere a la administración para expedir este tipo de actos administrativos.
