Reseña del libro "Hacia el Bicentenario: Breve Historia Constitucional en el Perú"
El Perú, tierra ávida de descubrimientos, no deja de sorprender al más racional habitante del planeta por sus recursos como su gente. Emular a otros sistemas democráticos resulta loable, pero no olvidemos su idiosincrasia sin la cual, la manera como se ejercita la participación ciudadana resultaría catastrófica. Es mejor admitir lo que somos para lograr un reflejo institucional acorde con la realidad que nos regula. El bicentenario nos permite sostener que la democracia peruana ha sido y es un sistema dinámico, asistido no solo por su Constitución y las leyes, sino también por los hechos y la ética incipiente relacionada con una informalidad en diferentes aspectos que afectan a la gobernabilidad del paísLa proximidad al año 2021 nos plantea el momento para mostrar que este fenómeno como otros, más que ser combatidos por el Estado debe ser primero evaluados mediante parámetros o indicadores, que permitan que las instituciones como las normas sean más eficaces y eficientes, desechando la percepción que éstas no funcionan porque no se condicen con el espíritu de la regulación misma. De ahí, la vigencia del apotegma romano: Del hecho nace el derecho, afirmación que implica buscar la adecuación de nuestra cultura a los elementos de control y orden, propios del derecho del Estado.El papel del Estado, cuya presencia es lejana en las zonas inhóspitas dando lugar a su poco o nulo control que como autoridad le compete, olvidando que puede delegar, pero bajo una constante supervisión sus funciones en entidades de la sociedad. El Perú dista mucho de ser un Estado monolítico, llegando a ser hasta informal en la actuación de sus autoridades, sobre todo políticas. Un hecho vigente pero no novedoso ha sido y es la corrupción. Radicaba en las autoridades gubernativas del rey, aunque se denominaba abuso y por ello fue establecido el juicio de residencia, con el objeto de conocer cómo se habían utilizado los recursos del monarca. Juicio que continuó durante la República. Reemplazado en 1867 por un proceso técnico que comprendía a los altos funcionarios estatales, pues se pensaba que la mala práctica de unos cuantos no podía dejar en entredicho a todo el sistema.
