Para quien se enfrenta a un procedimiento sancionador, los efectos liberatorios del transcurso del tiempo no se agotan con la prescripción. La excesiva duración del procedimiento puede dar lugar al bloqueo del ejercicio de la potestad sancionadora por caducidad procedimental o perención. Así, frente al derecho de la Administración a perturbar ?por razones de interés público y observancia de la legalidad? la vida de un ciudadano teniendo pendiente en su contra un procedimiento sancionador, aquel tiene derecho, a su vez, a que dicho procedimiento finalice en un plazo predeterminado e improrrogable. Al servicio de este derecho está la perención o caducidad del procedimiento sancionador, para luchar contra la «pena de banquillo administrativo». La presente obra se formula desde una perspectiva esencialmente práctica. Sin olvidar interesantes aportaciones doctrinales en la materia, predominan las múltiples y continuas referencias jurisprudenciales al caso concreto. El resultado es un pormenorizado estudio de la variada problemática que, a la hora de aplicar la caducidad, se plantea diariamente ante los órganos jurisdiccionales, ofreciendo soluciones reales a situaciones reales.