En el ordenamiento jurídico colombiano el derecho de la competencia tiene un rango constitucional recogido en el artículo 333 de la Carta Política, que consagra esta materia como una de las expresiones básicas de la libertad de industria y de comercio, garantizando esas libertades fundamentales que se traducen en la protección de la iniciativa privada. Por ello, la libre competencia es un derecho que si bien supone responsabilidades, preserva la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común en el cual el Estado interviene para brindar protección.