Al país le fue justificado el ingreso del modelo acusatorio y adversararial con el propósito de alcanzar mejores estándares de calidad en la administración de justicia penal. No obstante, no se había identificado la difusión del esquema practicado desde dos siglos atrás: ¿fue el esquema procesal?, ¿los funcionarios?, ¿los recursos?, ¿la proxémica judicial?, ¿los capitales simbólicos traficados en el campo penal? Pudieron ser algunos o todos; incluso otro no indicado. Se trajo una solución para un problema sin diagnóstico. El resultado actual es conocido. Esta obra analiza críticamente la administración de justicia penal colombiana partiendo de un indicador: la forma como se construye la verdad judicial. Analiza el modelo procesal que se aplica en Colombia con ocasión de la Ley 906 de 2004. Se demuestra y se expone como herramienta de trabajo para los abogados, jueces, fiscales, representantes de víctimas, investigadores judiciales y socio jurídicos, las particulares condiciones de producción de la verdad procesal.