Este estudio se propone un análisis crítico del contrato de Consultoría-interventoría como expresión del ejercicio de función pública por particulares, resaltando el mantenimiento de las problemáticas ligadas tanto con la definición legal de dicho contrato, como con su caracterización de acuerdo con las normas que lo regulan, procurando dejar en evidencia los efectos que esta situación tiene en la eficiencia práctica del desarrollo de esta actividad contractual. A su vez, se realiza un análisis de la responsabilidad de los interventores, para finalmente, avanzar una propuesta crítica sobre el contrato de consultoría-interventoría con el fin de plantear elementos que puedan servir a la discusión futura sobre la materia, pero principalmente, a la reforma del régimen tercerizado de control de la actividad contractual del Estado.