En el Perú, los delitos y abusos del poder cometidos por el Presidente de la República difícilmente pueden ser sancionados, pues la Constitución no permite que se le acuse y exija responsabilidad penal ni constitucional durante el ejercicio de su mandato. Desde mediados del siglo XIX, nuestras cartas políticas han mantenido un listado cerrado y muy restrictivo de supuestos que habilitan tal acusasión y ello ha impedido esta posibilidad para un conjunto importante y grave de delitos e infracciones constitucionales coemtidos durante el ejercicio de la función. Con ello se favorece la arbitrariedad y se propicia la impunidad. Ante este panorama, Francisco Eguiguren Praeli analiza el tratamiento dado a la responsabilidad pena y constitucional del Presidente del Perú y formula interesantes propuestas para la reforma del régimen vigente.