En 2010, la UNODC (en inglés, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estimo que el consumo de estupefacientes, sin incluir alcohol ni tabaco, era prevalente entre el 3.3% y el 6.4% de la población mundial entre 15 y 64 años. Cinco años después el reporte anual de dicha oficina señala que el panorama permanece estable: la prevalencia del consumo de estupefacientes estimada en la población de 15 y 64 años, es del orden 5.2%, lo que confirma que en el mundo el problema de las drogas está lejos de desaparecer. Las cifras ilustran la deficiencia del enfoque prohibicionista que actualmente orienta la política global de control de estupefacientes. En Colombia, hechos políticos y judiciales recientes han transformado el panorama de la regulación de sustancias ilícitas, entre ellos el establecimiento de sanciones distintas al encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas, y la regulación de usos decisionales y científicos de la marihuana. Por su parte, en providencia de 2016, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justica estupefaciente - sin importar la cantidad que exceda la dosis personal fijada por la ley - Sea el consumo derivado de enfermedad o adicción del portador, este no debe ser sancionado por la justicia. Por otro lado, poco tiempo después, la misma Sala confirmo la condena de un adicto por venta, trafico comercio o distribución cuando fue sorprendido por las autoridades por tanto una cantidad de marihuana que superaba por apenas 11 gramos de la dosis personal minina permitida por la ley Estos casos ilustran las consecuencias practicas que traen los nuevos lineamientos de l política antidrogas en el país, y obligan a reflexionar sobre los horizontes hacia los cuales conducen estas modificaciones en la normatividad que regula el tema en Colombia.