suele decirse que el análisis jurídico pretende justificar una realidad social o deslegitimar el discurso que hasta entonces la ha justificado. en este sentido, el argumento que sostiene la necesidad de un modelo de protección integral de los derechos del adolescente, se instala sobre la descalificación del modelo tutelar, criticado abiertamente por su carácter autoritario, basado en el paradigma etiológico que identificaba a los adolescentes como potenciales infractores necesitados de tratamiento, resocialización o neutralización, por ser generadores de un peligro justificativo de las medidas coactivas correspondientes. aunque quizá lo más importante sea que ese nuevo modelo de justicia, al abandonar el paradigma etiológico (delineado sobre la premisa de un estado anormal o patológico del sujeto, como justificante del ejercicio coactivo de respuesta estatal), descarta definitivamente las condiciones personales del adolescente como criterio para autorizar la intervención del estado, que sólo puede facultársele para tal efecto atendiendo a la concreta conducta tipificada como delito. en otras palabras, con referencia a la justicia juvenil el sistema pretende encontrar su legitimación precisamente mediante la conversión de un esquema de derecho de autor a otro de derecho de acto, detrás del cual sea verídica la actualización de un estado de derecho, por más que haya opiniones en el sentido de que dentro del texto de la reforma al artículo 18 constitucional subsisten vestigios del positivismo criminológico base o fundamento ideológico del tutelarismo.