Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 constituyen una de las principales referencias para el diseño de las politicas publicas durante la proxima decada. Es dificil calibrar hasta que punto esta afirmacion resulta extensible a la politica criminal, en tanto que, como politica publica orientada a la proteccion de los individuos y de la sociedad en la evitacion del delito, ha de asumir un papel necesariamente modesto en la consecucion de fines sociales.No obstante, y aun cuando el Derecho penal ?instrumento primordial de la politica criminal? no debe ser empleado con proposito perfeccionista o moralizante, en ciertas ocasiones si puede allanar el camino para alcanzar algunos objetivos sociales en la medida en que consiga desincentivar la realizacion de las conductas delictivas que obstaculicen el avance hacia los mismos.En el caso de la Agenda 2030, esta situacion se da en relacion con buen numero de las metas en las que se desglosan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal de este trabajo es, precisamente, la elaboracion de un catalogo de propuestas que materializan la posible incidencia del Derecho penal en la Agenda 2030, en aspectos, entre otros, como los relativos a la salud, la igualdad de genero, el empleo decente, la produccion y el consumo responsables, el medio ambiente o la eliminacion de cualquier forma de violencia contra los niños.