El autor analiza el problema de la carencia de un conjunto sistemático de modalidades especiales para procesar conflictos colectivos jurídicos en materia laboral, cuando se afectan intereses generales de un grupo genérico o categoría de trabajadores por incumplimiento de la legislación o del convenio colectivo. Ello ha ocasionado la práctica desaparición de las acciones colectivas de la jurisdicción laboral y la preferencia por las acciones individuales en lugar de una solución concentrada, lo que contribuye a saturar la carga de los juzgados con acciones repetitivas e idénticas. En las últimas décadas, esta situación ha sido parte de un progresivo retroceso que ha restringido la capacidad de defensa de las organizaciones sindicales de sus afiliados. Lo cual se traduce en la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores, al imponerse restricciones o barreras que impiden a sus organizaciones sindicales acceder a la justicia en forma colectiva. Asimismo, se afecta el derecho fundamental de la libertad sindical al restringir la capacidad de defensa de los sindicatos que le reconoce la Constitución Política, el Convenio 87 de la OIT y otros tratados sobre derechos humanos que conforman nuestro bloque de constitucionalidad. Frente a este panorama, el autor propone concretas alternativas jurisprudenciales y de política legislativa a fin de solucionar esta carencia.